El segundo semestre de 1992 es una etapa decisiva para el sector audiovisual español. El cine y las nuevas modalidades de televisión pendientes de ser legisladas son algunos de los temas a regular para enfrentarse a la competencia que implicará la entrada de España en 1993 en el Mercado Unico Europeo.
La importancia del sector audiovisual, no sólo desde el punto de vista económico, sino también cultural, ha llevado a la Comisión Europea a considerarlo como una cuestión prioritaria en los próximos años.
En este sentido, España debe plantearse su futuro en el mercado europeo; bastante pesimista si se analizan ejemplos como éstos: de las diez mayores empresas distribuidoras de largometrajes instaladas en nuestro país, ocho son estadounidenses y facturan alrededor del 90 por ciento del taquillaje total. Por otra parte, la cuota de cine español en nuestro mercado interno alcanza tan sólo el 10 por ciento.

LOS CINEASTAS, EN PIE DE GUERRA

La industria cinematográfica española, por su estructura y dimensión, es incapaz de vender sus productos en el exterior.
La falta de un sector privado con recursos económicos suficientes para realizar sus propias producciones ha provocado que la realización de largometrajes españoles dependa, directa o indirectamente, del Estado. Por otra parte, no es una actividad lo suficientemente interesante en el terreno fiscal para atraer las inversiones privadas.
Ante esta situación, los profesionales del mundo del cine se dieron cita el pasado mes de junio en las Jornadas Audiovisual Español 93, celebradas en el madrileño Centro Cultural Conde Duque, donde debatieron durante tres días el presente de la industria audiovisual española y su futuro ante la entrada en vigor del Acta Unica Europea en 1993.
Las principales conclusiones derivadas de estos días de reflexión se resumen en dos puntos:
– La promulgación de una ley que ordene y regule la industria audiovisual y que, en palabras del presidente de las Jornadas, Román Gubern, «termine con el bricolage de decretos por el que se ha venido funcionando».
– La creación de un Ente Autónomo Audiovisual que coordine todo el sector, en el que actualmente existe una clara dispersión de competencias: cine y vídeo pertenecen al Ministerio de Cultura, Radiotelevisión Española depende de Presidencia de Gobierno, las distintas emisoras radiofónicas son asumidas por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y las emisoras regionales están regidas por sus respectivas Comunidades Autónomas.

El Ministro de Cultura, Jordi Solé Tura, encargado de clausurar las Jornadas, basó su discurso en la doble vertiente del cine como industria y como arte. Respecto a las peticiones de los cineastas afirmó que «como jurista de profesión, no estoy seguro de que la promulgación de una ley sea un buen recurso, y más en este sector, que está supeditado a constantes cambios». En cuanto a la creación de un Ente Autónomo Audiovisual precisó que «presenta complicaciones fiscales, y lo más sensato sería avanzar hacia la coordinación de las distintas administraciones que tienen competencia en el terreno audiovisual».
Solé Tura reconoció la necesidad de armonizar los proyectos entre el Gobierno central y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. También aseguró que «si el problema del cine fuera solamente industrial, se arreglaba con una reconversión».
Los argumentos del Ministro de Cultura dejaron atónitos a los profesionales, que protestaron airadamente la falta de soluciones y formaron una Comisión para emprender negociaciones inmediatas.
Como consecuencia de este hecho, Román Gubern, que en el transcurso de las Jornadas afirmó que «dentro de tres años, cuando celebremos el nacimiento del cine, nos veremos también obligados a celebrar los funerales por el cine español», ha manifestado que parece que Audiovisual Español 93 y los contactos promovidos por sus representantes con los partidos políticos han servido, por lo menos, para solventar la poca información que éstos tenían acerca del sector audiovisual. Además, un grupo de pequeños distribuidores españoles ha creado una Federación propia, dejando al margen a sus colegas americanos.
Juan Luis Galiardo, participante también en Audiovisual Español 93, aunque no ha ocultado su pesimismo, ha reconocido que esta Comisión, integrada por representantes de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, productores, IMADE (Instituto Madrileño de Desarrollo), Madrid Cultural, etc… puede servir para el nacimiento de una posible plataforma de diálogo, un club de opinión para estudiar la evolución de los temas audiovisuales.

LAS NUEVAS MODALIDADES DE TELEVISIÓN

La evolución de la oferta televisiva del mercado español no ha concluido con la puesta en marcha de las televisiones privadas. La televisión por cable, por satélite y las televisiones locales, se encuentran pendientes de su esperada legislación, tantas veces postergada por parte del Gobierno, pero al fin y al cabo un fenómeno potenciado por el lógico desarrollo de una sociedad, que no se puede eludir.
A principios de año se aseguraba que el anteproyecto de ley regulador de las modalidades de televisión mencionadas anteriormente sería aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de abril. Aunque estas previsiones no se cumplieron, meses más tarde el Ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, reconocía que «el Gobierno tiene el compromiso de mandar al Parlamento una ley, en la que se está trabajando, que regule las nuevas formas de difusión por satélite, cable y las estaciones terrenales de baja potencia».
En el anteproyecto se contemplan siete nuevos canales de televisión, transmitidos a través del satélite de comunicación Hispasat: dos de ámbito iberoamericano, que serán adjudicados directamente por el Consejo de Ministros y cinco de difusión directa, dos de los cuales serán para Radiotelevisión Española por gestión pública directa y deberán especializarse en espacios con fines culturales, sociales e informativos. Los tres restantes, de gestión indirecta, se adjudicarán en régimen de concesión durante un periodo de diez años prorrogables, a sociedades anónimas españolas y domiciliadas en nuestro país. La totalidad de acciones de titularidad extranjera no podrá superar el 25 por ciento del capital y ninguna persona física o jurídica podrá ser titular de más del 25 por ciento del capital de estas sociedades.
Ante esta situación ya han comenzado las batallas comerciales y la lucha de intereses entre los que se decantan por la captación directa y gratuita desde el propio satélite a través de antenas parabólicas y los partidarios de difundir la señal por medio de una red de cable, con mayor calidad, pero de pago.
En este conflicto va a desempeñar un papel decisivo la publicidad, un mercado aparentemente saturado y estancado, que en el caso del nacimiento de estos nuevos canales de televisión tendría que diversificar sus inversiones, según reconocen fuentes de la Asociación Española de Anunciantes (AEA),ya que un aumento de las mismas sería practicamente inimaginable dada la crisis por la que atraviesa el mercado publicitario en la actualidad.
Las televisiones locales también se enfrentan con un vacío legal. La Asociación de Televisiones Locales (ATEL) afirma que existen alrededor de doscientas cincuenta emisoras municipales que emiten regularmente y unas cuatrocientas que lo hacen de forma esporádica. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por su parte, estima que en los próximos cinco años el número de emisoras locales podría ascender a mil.