Tras una larga gestación, nuestro país cuenta ya, por primera vez, con un Plan Nacional de Telecomunicaciones. Este se configura como un instrumento básico para orientar y definir la evolución del sector hasta el año 2002, y se convierte en elemento de referencia para los productores de bienes de equipo, operadores y usuarios. El Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT), con una inversión prevista de siete billones de pesetas, se dio a conocer en las jornadas celebradas en Barcelona los días 19 y 20 de mayo, organizadas por la Secretaría General de Telecomunicaciones en colaboración con Fundesco.
El Plan Nacional de Telecomunicaciones -previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de Telecomunicaciones (LOT)- se presentó al Consejo Asesor de Telecomunicaciones el 6 de noviembre de 1991. El día 27 de marzo del presente año se aprobó en Consejo de Ministros y, finalmente, el pasado 6 de mayo el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, lo llevó ante la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios del Congreso de los Diputados, donde se sometió a distintas resoluciones.
Las líneas estratégicas del PNT van dirigidas a delimitar la dimensión que deben alcanzar los servicios e infraestructuras de las telecomunicaciones, atendiendo a la demanda de los mismos y al nivel de desarrollo de nuestro país. Con ese fin, los 14 capítulos de que consta el Plan incluyen tanto los análisis de la situación actual de los diferentes sectores, como las directrices de actuación futura; y abarcan apartados que van desde una orientación general de la política de las comunicaciones, hasta el seguimiento y control del propio Plan; pasando por las inversiones y financiación, la reglamentación técnica o la calidad del servicio.
Los objetivos del PNT están claramente delimitados en el propio Plan, que los divide en dos ámbitos: objetivos de carácter general y de carácter específico. Para Bernardo Lorenzo, Vocal Asesor de Tecnología de la Direccíon General de Telecomunicaciones, los objetivos generales representan la filosofía adoptada por la Administración en materia de telecomunicaciones, y apuntan en cuatro direcciones:
En primer lugar, satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de telecomunicaciones, promoviendo la oferta de un conjunto ordenado de servicios básicos y de difusión con niveles de calidad garantizados.
Además, se busca orientar el cambio social que comportan las tecnologías de la información, evitando la acentuación de las desigualdades y la aparición de bolsas de marginación. Sobre el logro de este objetivo, el Secretario General de CC.OO. de Telefónica, Eladio Díez, muestra sus recelos, ya que, en su opinión, el articulado del Plan es básicamente mercantilista, y no atiende debidamente al impacto laboral ni a los recursos humanos.
En tercer lugar, el Plan está encaminado a consolidar un sector de telecomunicaciones fuerte, tanto en su vertiente de operación de servicios, como en su vertiente industrial, y potenciar su capacidad tecnológica.
Por último, el PNT aspira a cooperar en la creación del espacio europeo de las telecomunicaciones. Según Bernardo Lorenzo, ya existe una cierta cooperación mediante la participación en los órganos comunitarios.
Como objetivos específicos son reseñables los relativos a la universalización de los servicios básicos, las estructuras tarifarias, el desarrollo regional (Programa STAR, programa Telemática, Planes de desarrollo regional), la reglamentación técnica y certificación (especificaciones técnicas de equipos terminales y dotación de laboratorios de telecomunicaciones), las telecomunicaciones por satélite (Hispasat), y las tecnologías de investigación y desarrollo (acción nacional en comunicaciones de Banda Ancha -PlanBA- y promoción de actividades de I+D en radio: telecomunicaciones móviles y VSAT).

UN IMPULSO AL MERCADO DE LIBRE INICIATIVA

Aunque, tal y como indica Bernardo Lorenzo, el PNT no es un instrumento legislativo para determinar qué sectores quedan bajo monopolio (esto se establece en la LOT), sí deja prever cuál es la orientación en cuanto al escenario donde se van a desenvolver las tecnologías en el futuro de España. Así, se pueden distinguir 4 áreas:
Area de servicios básicos, explotada en monopolio por tres operadores: Telefónica, Correos (Télex) y Retevisión. Para el Gobierno, poner un límite al proceso de liberalización permite conseguir el mejor modelo para optimizar las inversiones y generalizar el acceso a estos servicios básicos.
Area de servicios portadores explotada por los mismos tres operadores u otros autorizados, en régimen de competencia restringida.
Area de servicios de transmisiones por satélite (Hispasat y consorcios europeos), a través de instalaciones terrenas de los tres operadores mencionados.
El cuarto apartado reúne al resto de los servicios, explotados en régimen de competencia libre (con los límites marcados por la legislación comunitaria).

ESCASA APORTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Si bien la evaluación global del PNT es positiva, para los representantes del sector no vinculados directamente con la Administración -sindicatos, profesionales o usuarios-, en algunos capítulos, como en el de la financiación, aparecen discrepancias.
Para lograr sus objetivos, el Plan fija una inversión de 7 billones a lo largo de los 12 años de su vigencia. De esa cantidad total, 5,4 billones corresponden a Telefónica. Esta parte de la inversión, que en opinión de José Borrell está ya más comprometida, depende de que se cumplan las previsiones de demanda hechas por el Gobierno. En este sentido, la financiación del Plan se basa en los precios, es decir, en los propios usuarios.
Vicente Ortega, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid, cree que la parte de la inversión asignada directamente a la Administración es escasa y que habría sido necesario un esfuerzo inversor un poco mayor. Advierte que no se puede dejar a Telefónica la responsabilidad completa de las infraestructuras básicas del país mediante una relación casi pura y simple de mercado. De ahí que, según Vicente Ortega, la aportación del Estado, vía presupuestos, tendría que ser mayor -al igual que en otros sectores-, haciendo disminuir de esta forma la financiación vía tarifas.
También Eladio Díez critica la financiación del PNT, porque descarga excesivamente a la Administración de sus responsabilidades; y considera que esto da lugar a un juego de mercado donde se favorece a los sectores más ricos y a las ciudades más grandes.
Por su parte, Bernardo Lorenzo señala que el Plan recoge unas «inversiones de apoyo» a Telefónica, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de las Administraciones territoriales, superiores a los 200 mil millones de pesetas. Esta cantidad está destinada al desarrollo regional de servicios o redes de telecomunicación y a la extensión de los servicios básicos. En ella estarían incluidas las ayudas comunitarias a las regiones más desfavorecidas, que puedan derivarse de iniciativas de la CEE en estas áreas.
Con respecto al capítulo 13 del PNT (referido a la calidad del servicio), Vicente Ortega ve muy positivo para el Plan la existencia de unos parámetros de calidad. Estos parámetros se determinan en línea con las recomendaciones europeas y, al estar escritos, dice, suponen un compromiso que hay que cumplir. Sin embargo, los sindicatos UGT y CC.OO. estiman insuficientes esos parámetros de calidad, y echan en falta una representación de usuarios, así como una cobertura adecuada de todos los servicios.
Pero la mayor crítica de ambos sindicatos hacia el PNT se centra, como ya hemos apuntado, en el impacto laboral. Domingo Serrano, Secretario del Sector de Telecomunicaciones de UGT, señala que no hay ningún capítulo donde se hable de la formación y cualificación profesional, por lo que los trabajadores temen que la innovación tecnológica afecte a la pérdida de empleo.
Para César Rico, Director General de la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones (AUTEL), uno de los apartados más importantes del Plan es el concerniente al seguimiento y control de su evolución. En él se prefijan las pautas para efectuar un triple seguimiento: estratégico, táctico e inmediato, con el fin de analizar de forma periódica su evolución previsible, y, a largo plazo, realizar una evaluación de su grado de acercamiento a los objetivos definidos. El Plan determina seguimientos tácticos anuales, y estratégicos con actualizaciones cuatrienales. Asimismo, se dejan abiertas las puertas a la introducción de las medidas correctoras oportunas en casos de desviación significativa de los objetivos fijados en el Plan.

LIBRO BLANCO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por otro lado, las Administraciones de algunas comunidades autónomas han tomado la iniciativa de elaborar sus libros blancos de las telecomunicaciones, para analizar la evolución del sector dentro de su región. Estas publicaciones se iniciaron en Cataluña, y hace unos meses se presentó en Madrid su libro blanco, en el que se reflexiona sobre la situación actual y futura de las telecomunicaciones en la capital de España.
El Estudio de Estrategias sobre las Telecomunicaciones de la Región de Madrid es fruto de un convenio establecido entre la Comunidad de Madrid y la compañía Telefónica de España, y ha contado con la colaboración de la Dirección General de Telecomunicaciones.
Bernardo Lorenzo considera muy positiva esta iniciativa, porque muestra la inquietud de las comunidades autónomas hacia las telecomunicaciones. Sin embargo, piensa que esta actividad debe coordinarse en un futuro dentro del marco del PNT, porque en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones están representadas las comunidades autónomas.