MAR MARCOS

La Comisión de las Comunidades Europeas ha reunido a más de 70 expertos de todos los países de la CEE para recoger ideas que permitan elaborar el nuevo programa de Lengua Natural y Tecnología, que amplía y continúa los anteriores de Industrias de la Lengua o Ingeniería Lingüística. La reunión se ha celebrado en Luxemburgo, durante los días 11 y 12 de noviembre de 1991. Divididos en siete grupos, los convocados han tratado de responder a la llamada de la Comisión, reuniendo, por una parte, sus propias experiencias y previendo, por otra, las necesidades futuras.

Es llamativo, en primer lugar, que se haya partido del firme establecimiento de las industrias del idioma en los países europeos, cuando algunos gobiernos, como el español, todavía no parecen haberse enterado bien del potencial económico de estas actividades, que sólo para la lengua inglesa mueven miles de millones de dólares, según el reciente estudio de The Economist. La estimación de la Comisión para los próximos diez años se sitúa entre uno y dos billones de ECU. Esta inadvertencia española se refleja en otros muchos puntos, desgraciadamente, como en la ausencia de estos programas en la raquítica convocatoria de becas de Formación de Personal Investigador (FPI) recientemente publicada, y llama más la atención si se considera que España dispone incluso de un área de industrias de la lengua dentro de las actividades del Quinto Centenario, que esta área ha advertido reiteradamente del interés que existe en el mundo desarrollado por estos temas y que son cerca de un centenar de millones de pesetas los que se están moviendo actualmente en proyectos básicos de infraestructura tecnolingüística, fundamentalmente archivos digitales, en colaboración con la industria privada (ADMYTE, Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles) y la Agencia Española de Cooperación Internacional y la propia CEE (corpus de referencia de la lengua española contemporánea).
Si además tenemos en cuenta que, como han señalado los expertos en el mercado en esta reunión de Luxemburgo, este mercado en Europa es todavía muy pequeño y está en la fase de ascenso de la curva proyectada, es incomprensible que estos proyectos no reciban un impulso definitivo y un apoyo claro de la sociedad española y sus administradores públicos.

El corpus español, por ejemplo, que, como el de las otras lenguas, es la gran base de textos completos, de todo tipo, ordenados, clasificados tipológicamente y marcados con los más modernos estándares, resulta imprescindible para el desarrollo de los productos de la tecnología lingüística exigidos para que una lengua tenga un lugar propio en el siglo XXI, al servicio de una sociedad desarrollada.

Esta realidad sólo parece necesitar demostración en España y el mundo hispanohablante, una vez más agazapado a la espera de estos trabajos en otros países, postura recomendable para la carrera que seguirá a fin de llegar los primeros a la compra de lo que, sobre el español, se produzca en países ajenos a la lengua española. El que inventen ellos, como una maldición de los tiempos modernos, sigue repitiéndose entre quienes deben administrar con talento los recursos nacionales.
Todavía menos se entiende la situación si se considera, de acuerdo con los expertos reunidos en Luxemburgo, que es imprescindible reforzar los estándares y apoyar aquellas acciones en marcha para lograr una más adecuada representación de los textos orales y escritos y que los profesionales y los organismos españoles activos en estos terrenos son activísimos en las asociaciones e iniciativas que favorecen estos estándares, actividades en las que suelen participar a su propia costa. Por ello, el corpus español, en desarrollo embrionario pero vivo, se está realizando según estos estándares,lo que garantiza la total reutilización de sus datos, así como su fácil adaptación a cualquier necesidad de la industria y la tecnología del idioma.

Alguien debe asumir la responsabilidad de apoyar realmente estos proyectos o de hacerlos abortar, siempre que, en el segundo caso, esté dispuesto a explicar a los hispanohablantes, especialmente a los españoles, que, cuando en el futuro utilicen servicios lingüísticos automatizados, deberán tener en cuenta que pagan derechos a compañías de fuera de España, que favorecen el estudio, la investigación y la ocupación de puestos de trabajo de técnicos de la Informática y la Lingüística en el extranjero y que eso se ha hecho estrángulando el desarrollo específico nacional. Nuestro proverbial descuido da pie a toda suerte de rumores. En Luxemburgo se decía, por ejemplo, que la Real Academia Española está discutiendo con Oxford University Press la publicación de los diccionarios en CD-ROM, algo que está al alcance de varias empresas españolas, con alguna de las cuales la propia Academia ya ha tenido conversaciones. Estos absurdos no se producirían si de verdad se viera que nuestra actividad industrial y nuestro mercado están protegidos por nuestros administradores.

Si no se pone remedio, deberíamos pedir al menos que los lingüistas de otros países que desarrollen sistemas que permitan comunicarse en español con bases de datos, corpus textuales, elaborar gramáticas o diccionarios, desarrollar sistemas de comunicación con voz, sistemas de traducción por ordenador o programas de ayuda lingüística-informática a los discapacitados, entre otros, incluyeran una nota que, cuando el usuario seleccionara la lengua española entre varias opciones posibles al acceder al sistema, emitiera el siguiente mensaje: «Gracias por elegir el español y por haber preferido para preparar este sistema a investigadores ajenos a los centros de educación, investigación y trabajo en España e Hispanoamérica.»

La síntesis es clara y, por ponerla en términos lingüísticos, puede enunciarse así: en futuro perfecto para los países no hispanohablantes, en futuro imperfecto para España. Dada nuestra modalidad, tampoco extrañaría que ese futuro imperfecto fuera, además, de subjuntivo.