Como es bien sabido, la situación que experimentan el sector audiovisual y el sector de la prensa escrita en la legislación comunitaria es radicalmente distinta: mientras que el primero es competencia de la Unión Europea, y está sujeto a directivas que pretenden su armonización, el segundo no forma parte de las competencias legales de la Unión sino que sigue siendo campo exclusivo de los legisladores nacionales. Como es bien sabido también, la causa de esta diferencia de trato –se nos dijo– radicaba esencialmente en: primero, las características transfronterizas del audiovisual (que supuestamente iban a permitir la creación de un espacio audiovisual europeo común, algo que no existe todavía, especialmente debido a las diferencias lingüísticas y culturales), mientras que, segundo, la prensa escrita quedaba supuestamente más circunscrita a sus mercados nacionales y, por lo tanto, no necesitaba una legislación europea común.

Contradicciones economía-política

Cabe decir que esta argumentación esconde en sí misma una incongruencia tremenda, que no es otra que su punto de vista exclusivamente economicista, en el que sólo se atiende a la lógica de los mercados, cuando, desde hace ya unos cuantos años, aunque a muchos les disguste, la Unión Europea es también una unión política. Y, por lo tanto, el objeto principal del marco legal europeo común no es tanto (o no debería ser) la armonización de las reglas de juego de empresas y mercados sino, y muy especialmente, la armonización de derechos y deberes de los ciudadanos europeos, sea cual sea su nacionalidad, en función de una cartera de principios basada en el progreso social y a la que deberían supeditarse empresas y mercados.

En cualquier caso, dado que la armonización del sector audiovisual se ha realizado a pesar de no cumplirse en absoluto los pronósticos transfronterizos que la amparaban y dado que la armonización del sector de la prensa sigue sin realizarse a pesar de que la convergencia tecnológica ha dejado obsoleto el concepto de prensa escrita –los periódicos en Internet son productos crecientemente audiovisualizables–, multiplicando además su potencial transnacionalizador, se hace evidente que la justificación técnica no constituye la razón real del diferente trato recibido por el sector audiovisual y el de la prensa escrita. La explicación de esta situación se encuentra, por el contrario, en la esfera política, y, más en concreto, en el implacable marcaje realizado en Bruselas por los grandes grupos de presión o lobbies europeos de la prensa.

En Europa, el trabajo de lobby ejercido por la ENPA (Asociación Europea de Editores de Periódicos, que agrupa a las asociaciones de editores de periódicos nacionales, entre ellos la Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE) ha mantenido sus ejes bien claros desde el principio: no al “intervencionismo” político de ningún tipo a nivel europeo, sí a la “autorregulación” empresarial, sí a la máxima protección para sus derechos de autor y sí a la máxima protección del “libre mercado”. Todo ello envuelto en la retórica de la libertad de prensa y los valores democráticos y amparado en las teorías, alimentadas por estas mismas asociaciones, de la necesaria “consolidación” empresarial, que minimizan los efectos de la concentración de la propiedad sobre el pluralismo y la diversidad.

El discurso de las asociaciones de prensa en lenguas minoritarias o de las asociaciones de prensa no nacional, entre ellas probablemente la más importante MIDAS (Minorities Dailies Association), podría parecer distinto al de ENPA por abogar claramente por la intervención estatal para proteger la calidad y supervivencia de unas publicaciones que constituyen en sí mismas bandera de diversidad; sin embargo, se revela en sintonía con el de las grandes asociaciones de diarios nacionales. No es difícil percibir que las asociaciones de prensa minoritaria no piden un cambio en las reglas de juego del mercado, sino que se les apliquen las mismas reglas de juego. En este sentido, uno de los mayores caballos de batalla de estas asociaciones es, por ejemplo, lograr que se incluya a sus publicaciones dentro de las campañas de planificación publicitaria de las instituciones políticas.

Esta sintonía entre grandes y pequeños es obviamente lógica, habida cuenta que todas las asociaciones de prensa representan a empresas privadas y, por tanto, a entidades con ánimo de lucro. Motivo por el que todas ellas se abocan en su discurso al delicado ejercicio de mezclar el beneficio que la sociedad civil obtendrá, en términos de libertad de expresión, pluralismo informativo y diversidad cultural, con los términos de su propio beneficio empresarial. Esto es, una combinación de su rol en democracia con su obligada búsqueda de rentabilidad corporativa.

Pero ésta no es su principal dificultad, pues en su discurso anida una contradicción mucho mayor. En efecto, y como se puso de manifiesto en el Simposio Ayudas a la Prensa en Europa. Desarrollo, pluralismo y transparencia realizado en Barcelona el 19 y 20 de junio de 2006, y de cuyas ponencias emana esta reflexión, todas las asociaciones comparten con firmeza un mismo criterio: el de dar soporte pleno y total a las ayudas a la prensa que los diferentes gobiernos nacionales de la Unión Europea conceden a sus editores de prensa.

Entre libertad y diversidad

Günter Rautz, secretario general de MIDAS, afirmó en su exposición la necesidad de aumentar las ayudas a la prensa escrita regional o en lenguas minoritarias y de considerarla un instrumento importante para proteger y fomentar la diversidad cultural y lingüística europea. Valtteri Niiranen, director de ENPA, dejó bien clara la posición de su organización, contraria a cualquier forma de intervencionismo político europeo, al mismo tiempo que respaldaba explícitamente todas las formas de ayuda a la prensa que los estados miembros de la UE puedan conceder. Antoni Cambredó, presidente de AEDE, Paulo Faustino, ex presidente de EMPIMPRENSA, la asociación de editores de prensa portuguesa, y todos los representantes de asociaciones de prensa de ámbito catalán, proclamaron igualmente su convicción de que las ayudas a la prensa, fueran éstas directas o indirectas, son imprescindibles para el mantenimiento de la libertad de prensa. De todos ellos, sólo Faustino puso ciertas condiciones a este apoyo, que en su opinión debe mantenerse siempre y cuando no sirva para fragilizar la gestión empresarial. Si las ayudas a la prensa, dijo, no van tanto a suplir las deficiencias en la gestión empresarial como a garantizar a los ciudadanos el acceso a la información y la libertad de expresión, éstas no sólo deben mantenerse, sino que la Unión Europea debería redefinir sus políticas e incluirlas en sus propios paquetes de ayudas.

Faustino fue también quien realizó la reflexión política de mayor calado en este contexto, al presentar el marco teórico en el que se mueven las ayudas a la prensa sin posicionar, muy sintomáticamente, a editores y asociaciones en él.

Dos son las posturas clásicas con respecto a las políticas de ayudas en general: el “proteccionismo” aboga por la responsabilidad del Estado con respecto a sectores claves para la democracia como el de la prensa escrita, mientras que el “liberalismo” denuncia las perversiones que genera el aceptar ayudas públicas, como la dependencia política, el estancamiento o una gestión empresarial toleradamente deficiente, en lugar de someterse a la ley de la oferta y la demanda. Aunque ambas posiciones poseen elementos razonables e inconvenientes por igual, a nadie escapa que la visión proteccionista se ampara en razones políticas (garantía de pluralismo y diversidad), mientras que la liberal se basa en razones económicas (la perversidad, en términos de competencia de mercado, de permitir que sobrevivan empresas económicamente incompetentes).

Faustino, decíamos, no posicionaba a editores y asociaciones en ninguna de estas posturas ni se posicionaba a sí mismo, pero llegaba a una conclusión que todos ellos comparten sin fisuras: es preciso mantener las ayudas sin alterar las condiciones del escenario, que no puede ser otro que el del libre mercado. Plasmando así, sin decirlo, la contradicción liberal en toda su esencia, pues el libre mercado está basado en la ley de la oferta y la demanda y por lo tanto no puede estar sujeto a elementos que alteren una u otra, como son los subsidios. Si hay subsidios estamos ante mercados intervenidos, no ante mercados libres dirigidos por la susodicha ley de la oferta y la demanda, que por otro lado no es más que una entelequia cuyo funcionamiento correcto depende de la existencia de mercados perfectos. Y los mercados perfectos, a estas alturas, ya sabemos que no existen.

De modo que los editores de prensa, con sus asociaciones y sus representantes ejecutivos, reclaman protección económica (ayudas públicas) a la vez que piden liberalismo político (regulación cero más allá de la mínima necesaria para la distribución de las ayudas). O, dicho de otro modo, son proteccionistas en lo relativo a su rentabilidad empresarial pero liberales en lo relativo a la rentabilidad social, la que se persigue legislando, por ejemplo, sobre la concentración y la propiedad en el sector de la comunicación. Una contradicción ésta que nada tiene de excepcional; todo lo contrario, es inmanente al capitalismo financiero desde hace más de un siglo, a lo largo del cual ha permanecido inamovible, intacta, gracias a una clase política que sigue, hoy, decidida a no afrontarla.