El sector de la televisión autonómica en España está en plena ebullición. Varias Comunidades Autónomas que hasta ahora carecían de un medio de comunicación audiovisual público, como Castilla La Mancha, Murcia o Baleares, constituyen recientes experiencias de creación de sus propios canales autonómicos, mientras que otras, como Aragón o Asturias, se han lanzado de cabeza a este proceso y esperan inaugurar sus emisiones en breve.

Este proceso no ha estado, ni está, exento de problemas e interrogantes. Muchas de estas comunidades han tenido que sortear obstáculos entre los que se incluyen las disputas políticas o duras críticas a sus modelos de gestión.

Al margen de lo puramente político y del merecido reconocimiento a todos los canales por su papel en el desarrollo de las industrias audiovisuales autonómicas, en muchos casos se ha criticado cómo el Gobierno regional de turno se reservaba el control en la asignación de los puestos directivos mientras dejaba en mano de productoras externas los servicios de explotación y la contratación de personal en las redacciones a través de productoras, un modelo muy extendido recientemente entre los canales autonómicos.

En otro caso, como el de la televisión murciana, los sindicatos denuncian, no ya que el control del Ente recaiga en exceso en personas cercanas al entorno del Gobierno, sino el que se haya entregado la gestión del canal autonómico a un grupo privado formado por empresas constructoras. Algo que dicen los sindicatos, choca “frontalmente” con el artículo 6 de la Ley del Tercer Canal.

Mientras las públicas están más que pendientes de las modificaciones que el Gobierno introducirá próximamente en el sector, los canales autonómicos de mayor recorrido no están en absoluto libres de conflictos. Este es el caso de la Corporación de Radio y Televisión Catalana (que, a pesar de contar con el presupuesto más alto de las autonómicas para 2006, acumula una deuda histórica hasta el punto de que podría llegar a solicitar créditos al gobierno regional para poner en marcha un plan de viabilidad).

Situaciones también problemáticas se viven en EITB o Telemadrid, que además de ser el canal autonómico más dependiente de la publicidad, ha tenido que afrontar en los últimos meses duras críticas por parte de los sindicatos hacia el equipo directivo de la cadena.

Las televisiones autónomicas que vienen

En Aragón «llevan dieciocho años esperando tener una radiotelevisión pública», por eso el director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), Jesús López Cabeza, habla de la urgencia de la puesta en marcha del nuevo canal, que apostará por la «tecnología más avanzada» y se adaptará al mercado regional y a los «deseos» del pueblo aragonés, pero siempre «dentro de unos costes ajustados y razonables». El presupuesto de creación de la CARTV alcanza los 19 millones de euros.

En el caso de la futura radio televisión pública asturiana, tan anhelada en el Principado como la aragonesa, el presupuesto de arranque supera los seis millones de euros; y su presupuesto de explotación para 2006 y los años sucesivos es de 15 millones de euros.

Estas cifras se alejan de las que contemplan las televisiones autonómicas de mayor trayectoria como Televisió de Catalunya, Canal Nou de Valencia, Euskal Telebista o Telemadrid. Y están más próximas, aunque inferiores, a los presupuestos de canales más jóvenes como la Televisión Canaria (43 millones de euros, el presupuesto más bajo), Castilla-La Mancha Televisión o IB3 de Baleares.

La puesta en marcha del nuevo canal aragonés está prevista para principios de 2006, y según explica López Cabeza a TELOS, empezará «desde el principio con un nivel de calidad y de horas de emisión que nos sitúen en competencia con el resto de televisiones», con una parrilla que ocupará las 24 horas.

En el caso de la radiotelevisión autonómica asturiana la emisión no será completa hasta la primavera de 2006, según el director general del ente, José Ramón Pérez Ornia.

La financiación de las nuevas autonómicas

La financiación de estas dos nuevas televisiones autonómicas será pública al cien por cien, aunque también habrá publicidad. Así, López Cabeza no desdeña los recursos privados llegados de la publicidad, aunque esto «nunca puede marcar la orientación ni modificar los valores de la televisión en este modelo que es público». Algo parecido dice Pérez Ornia con respecto a la televisión asturiana, cuya financiación será «pública, con una presencia limitada en el mercado publicitario». De hecho, el director de este canal hace para 2006 una estimación de ingresos por publicidad que alcanza los 1,5 millones de euros. En cualquier caso, ambas tendrán que adaptarse a las disposiciones del Gobierno en materia de publicidad y televisiones públicas, que podrían ver reducidas las cifras llegadas de esta partida.

Pocos puestos de trabajo estables

Las futuras radiotelevisiones autonómicas asturiana y aragonesa difieren también en cuanto al número de trabajadores. La del Principado de Asturias tendrá a su servicio una plantilla de 99 trabajadores (25 de ellos periodistas), mientras que la aragonesa tiene previsto incorporar a unas 70 personas. Sin embargo, la previsión de creación de empleo en ambos casos es mayor, ya que «se prevé un mayor desarrollo del sector audiovisual» en ambos territorios. Las dos televisiones confiarán parte de su producción, en mayor o menor medida, a otras empresas adjudicatarias.

Pero no sólo de información vive una televisión. También habrá otro tipo de programas, muchos de los cuales incorporarán elementos de proximidad. En la CARTV, según López Cabeza, la parrilla seguirá un modelo “clásico”, con contenedores horizontales por la mañana y programas dirigidos a diferentes grupos de interés por las tardes, como fútbol, debates, series, programas infantiles… En la aragonesa «habrá un 40 por ciento de programación propia», definida como «toda aquella programación sobre la que se tienen los derechos de imagen y en la que se ha intervenido en la organización y concepción», pudiendo incorporar elementos externos. La televisión autonómica asturiana será, según Pérez Ornia «una tele casi temática de Asturias», que contará con los servicios de la «Sociedad Productora de Programas del Principado».

En las dos autonomías estarán presentes los contenidos de la FORTA, a la que se asociarán tanto la aragonesa como la asturiana.

Los objetivos de las nuevas autonómicas

Según José Ramón Pérez Ornia, el objetivo del canal asturiano es «convertirse en líder en la información» regional, «prestar un servicio público de interés para todos los asturianos y conseguir que el pueblo de Asturias se identifique con su nueva televisión autonómica y la sienta como propia, porque les presta un servicio útil».

También en Aragón planean una televisión «pública y próxima» dirigida a «los aragoneses de nacimiento pero también a los de residencia», según López Cabeza.

Establecer objetivos en forma de niveles de audiencia es más complicado. La expectativa de la futura radiotelevisión aragonesa es «alcanzar porcentajes en torno al ocho por ciento de media –aunque– es complicado determinar un share», sobre todo ante los cambios que se avecinan en el sector con nuevos canales en abierto de cobertura nacional y la próxima llegada de los canales digitales.

Externalización, la tendencia

La radiotelevisión pública balear, cuyo modelo de gestión ha sido criticado por la externalización de gran parte de la producción, representa la tendencia en los nuevos canales autonómicos, que parecen caminar en una línea similar a la seguida en las islas.

IB3 mantiene «una estructura propia mínima, la necesaria para que quede garantizado el servicio público exigible a una cadena autonómica, que ha de velar tanto por la pluralidad democrática de los contenidos como por su calidad», explica su director adjunto, Germá Ventayol. «El modelo de externalización –continúa– es una herramienta muy útil para la gestión de un medio tan complejo como el de la radio y la televisión», por lo que la externalización alcanza «la práctica totalidad de las parrillas de radio y televisión, además de los servicios de explotación».

Los informativos «están igualmente externalizados; una empresa es la encargada de proveer los contenidos en los diferentes programas y formatos», aunque la dirección de estos espacios la controla IB3 «por medio de los editores, que son personal propio de la cadena», algo similar a lo que podría ocurrir en Aragón y también en Asturias. Esta plantilla elabora una programación de unas catorce horas diarias «de las que, en función de los días, en torno al 70 por ciento será programación propia».

Las necesidades de la televisión pública

El informe Televisión en Europa: regulación política e independencia, de Open Society Institute detecta algunos de los principales problemas del sector en el viejo continente, como la concentración empresarial y la escasez de programas de calidad. Este estudio, que compara más de cuatro mil canales de veinte países, afirma que los canales públicos que han de competir con los privados, más comerciales, dependen en muchos casos «de los gobiernos o de partidos políticos», por lo que «los espectadores no reciben la información necesaria» para formarse su propia opinión.

En la misma línea, Enrique Bustamante, uno de los miembros del “comité de sabios” que elaboró el informe para la reforma de RTVE y EFE, afirma que «los Gobiernos han utilizado al máximo» a RTVE, y las autonómicas «han copiado los peores males» de ésta, así como en Portugal la televisión pública «nunca ha cortado su cordón umbilical con el poder político» o en Italia se sustenta un modelo «denunciado por el Parlamento Europeo por su incompatibilidad con el sistema democrático». Para Bustamante, sin embargo, uno de los mayores males del mercado español es la ausencia de una autoridad independiente que regule el sector. Los profesionales de la televisión anhelan la creación de este órgano, prevista para un futuro no muy lejano (aunque todavía no se ha regulado al respecto), ya que su existencia ayudaría a paliar algunos de los problemas de los que adolecen las televisiones públicas y también las privadas.

Difícil situación

Los nuevos canales autonómicos aterrizarán en los próximos meses y semanas en un panorama convulso a nivel nacional y regional. Está por ver cómo afrontan las situaciones que les vienen dadas por los futuros cambios en la legislación vigente para el sector, y también cómo actúan y gestionan sus respectivas empresas. Sobre todo teniendo en cuenta las prácticas empresariales y laborales tan de moda y la tradicional tendencia de las televisiones públicas a acumular cierto nivel de deuda.

Noemí Sanjuán