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La futura RTVE


Los medios de comunicación de titularidad del Estado han de alcanzar la rentabilidad social inherente al cumplimiento de sus funciones de servicio público, pero no por ello ha de dejarse a un lado la también necesaria rentabilidad económica. Así podría resumirse el espíritu del Informe para la Reforma de RTVE y la Agencia EFE, elaborado por la llamada “Comisión de Sabios”.

Más de doscientas páginas es el resultado de nueve meses de intenso trabajo realizado, afirman, con absoluta independencia y sin injerencia alguna del Gobierno. Emilio Lledó, Enrique Bustamante, Victoria Camps, Fernando Savater y Fernando González Urbaneja dieron a conocer sus conclusiones el pasado mes de febrero. Un informe muy equilibrado, que ofrece las directrices para las necesarias reformas de RTVE y EFE.

Los objetivos de ambos medios no cambian, pero sí se hace necesario redefinir las funciones del Servicio Público. Esta cuestión es una de las principales preocupaciones de la Comisión. EFE y RTVE habrán de fomentar el respeto a los derechos y principios constitucionales, servir al interés público, y buscar la rentabilidad social, no sólo la económica. Para ello, es necesaria una total independencia en la línea editorial de información y contenidos, lo que exige autonomía respecto del poder ejecutivo. Además la televisión pública tiene una responsabilidad como referente en el sector televisivo; ha de trabajar siempre en la línea de la cohesión social y territorial; dar un servicio para todos los públicos informando con pluralismo, pero también atender a la diversidad y a los más desprotegidos, como los inmigrantes, los ancianos, los niños y los jóvenes; estimular la participación democrática; promover la identidad cultural; e impulsar la proyección de España a escala internacional. Todo ello en abierto y de forma gratuita, y trabajando para convertirse en punto de referencia para la transformación digital y el desarrollo multimedia.

La Agencia EFE y RTVE se convertirán en entidades jurídicas autónomas dentro del marco legal español vigente para la administración pública.

Una dirección independiente para RTVE

La televisión y la radio públicas han estado con demasiada frecuencia bajo sospecha de intervencionismo político, y la culpa de ello recae en gran medida sobre el sistema de nombramiento gubernamental de su cúpula directiva, según el Estatuto de 1980.

Por eso, el modelo ideado por los sabios propone un nuevo sistema que ha de lograr una gestión independiente y responsable del Ente, gracias a la independencia gerencial y editorial respecto al ejecutivo. Habrá un nuevo Consejo de Administración formado por ocho miembros elegidos por distintas instancias (Congreso, Senado, Consejo Audiovisual y sindicatos), con un mandato superior a una legislatura –seis años– y sin posibilidad de reelección para periodos consecutivos.

Como gran novedad en España, el Consejo de Administración elegirá al Director General por mayoría de dos tercios tras un concurso de méritos entre personas de reconocido prestigio del sector audiovisual. Su mandato será asimismo superior a una legislatura (cinco años), sin posibilidad de reelección inmediata. El Director General hará cumplir las disposiciones legales y los acuerdos del Consejo de Administración, representará a la Corporación ante el Consejo Audiovisual y el Parlamento, y nombrará al personal directivo de RTVE y sus sociedades, entre otras funciones.

La radio televisión pública tendrá además otros órganos de control y participación: el Consejo de Informativos para defender la independencia editorial, y el Consejo Asesor Estatal para vehicular la participación de la sociedad civil. El control último de la gestión y el cumplimiento de las actividades de servicio público lo ejercerá el Parlamento a través de una Comisión de control de los medios públicos; y un Consejo Audiovisual autónomo que nacería así por fin en España, después de peticiones unánimes desde 1995. Su mandato será de seis años y controlará, entre otras cosas, el gasto de RTVE o el cumplimiento de las normas en cuanto a emisión publicitaria; Además tendrá capacidad reguladora y sancionadora.

La programación: por unos contenidos de calidad para todos

Según el informe «el servicio público televisivo necesita ineludiblemente al menos de dos canales generalistas para desarrollar sus funciones básicas». Sus contenidos tendrán especial exigencia de calidad, impulsarán la producción propia, se esforzarán en la proyección exterior de la lengua y la cultura españolas y reducirán la publicidad.

TVE 1 será un auténtico canal generalista, para todos los géneros y públicos y buscará ser referente básico del sector audiovisual. Pero ello sin sucumbir «a la lógica de la competencia comercial» y autolimitando la emisión de publicidad: 9 minutos por cada hora natural (un 10 por ciento sobre la emisión diaria), de forma gradual, durante los próximos cuatro años. La 2 será el canal de los programas culturales y educativos. Y progresivamente también abandonará la emisión de publicidad, que se sustituirá por los patrocinios.

Según los sabios «la exclusión de publicidad en las emisiones de RNE le ha permitido una libertad de innovación y creatividad» en la que debe profundizar. Radio 1, canal generalista y heterogéneo, debe abrirse más a la creatividad y la experimentación en todos los géneros «incluyendo los dramáticos o el radio-arte»; Radio 2, Radio Clásica debe ampliar su espectro musical hacia otros géneros de calidad; Radio 3 será la plataforma de los gustos jóvenes, de radio crítica y participativa. Habrá de atender más a la industria discográfica independiente nacional e incluir información y actividades culturales alternativas; Radio 4 debe apostar por la diversidad lingüística y cultural; y Radio 5, «un modelo del servicio público informativo actual» debe incentivar su descentralización como canal orientado a la vertebración territorial informativa nacional. Radio Exterior habrá de continuar y reforzar sus emisiones en español.

Una financiación sostenible para la futura RTVE

El objetivo es una financiación equilibrada y sostenible, aunque antes hay que liquidar la desproporcionada deuda adquirida por el ente (en 2003 ascendía a 6.224M€), por las subvenciones minúsculas del Estado durante catorce años. Luego se propone un sistema de financiación mixto, con límites indicativos: el Estado aportará entre el 45 y el 50 por ciento del gasto total; los ingresos publicitarios tienen un techo, el 40 por ciento del presupuesto; y el resto, entre el 10 y el 15 por ciento, provendrá de la venta de programas, derechos de emisión y comercialización del archivo. A partir de ahora se prohibe de forma expresa el endeudamiento de RTVE.

Sin embargo, y en el caso de que el Gobierno no pueda asignar al servicio público los recursos económicos necesarios, el Comité no descarta la aplicación de un canon en la línea de otras radiotelevisiones públicas europeas, pese a su carácter “fiscalmente regresivo”, y a las dificultades de su aplicación nueva en España.

RTVE, un referente en la Sociedad de la Información y la Era Digital

RTVE deberá jugar un papel de liderazgo estratégico para ser motor de la futura TDT, y de la Sociedad de la Información para todos los ciudadanos, especialmente a través de una nueva sociedad, RTVE Digital y Multimedia, que impulsará su desarrollo a través de dos canales múltiples, con nuevos temáticos entre ellos un canal Inter-regional con aportación de los centros territoriales y un canal Ibervisióncon largometrajes, ficción y documentales iberoamericanos. La televisión pública sentará además las bases para ofrecer servicios adaptados a la telefonía móvil, el cable, satélite o Internet y se dotará de un gran portal en Internet.

Una agencia de noticias independiente

La Agencia EFE no ha sido nunca, explican los sabios, objeto de regulación legal en España, ni como servicio público ni como empresa de titularidad estatal, tal y como exige la Constitución. Debe ser regulada así por una ley específica que defina la función de servicio público así como su gestión independiente y que garantize la independencia y el pluralismo, el control externo de sus funciones como servicio público y una financiación suficiente para cumplir con sus obligaciones (muy parecidas a las de RTVE, en cuanto a servicio público).

El Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado propone que EFE sea una entidad pública empresarial o sociedad pública, participada al 100 por cien por el Estado y con autonomía para la gestión del servicio informativo, pero sujeta al control del Parlamento.

Para mejorar su rentabilidad social y económica se aconseja la potenciación de su Red informativa, sobre todo en el exterior, y para garantizar su independencia se proponen una serie de órganos plurales y fuertes de gestión y administración. El primero de ellos será el Consejo de Administración, cuyos integrantes serán propuestos y aprobados por el Congreso, el Senado y los sindicatos. Su mandato será de seis años, y entre sus funciones, la elección del Director General, el nombramiento de los directivos de la Agencia o la aprobación de tarifas y los derechos de acceso.

La financiación de la Agencia será mixta: dinero público pero también fondos provenientes de su actividad comercial, y tendrá que abarcar un plan estratégico para maximizar el uso de sus recursos, aumentar su productividad y potenciar sus mercados, en consonancia con su influencia en el exterior de España, al tiempo que moderniza y adapta su actividad a los soportes y redes digitales. Los sabios recomiendan avanzar en la digitalización de los archivos de la agencia e impulsar el servicio gráfico y de noticias para televisión y multimedia.

Una voz discordante

El informe recoge el voto discrepante de Fernando González Urbaneja, muy crítico a lo largo de nueve folios con el dictamen del Comité, especialmente en el capítulo financiero de RTVE. Según González Urbaneja, dicha propuesta «es continuista y está insuficientemente fundamentada, tiene alto riesgo de tropezar con la Comisión Europea y no es respetuosa con el contribuyente». Además denuncia que el trabajo del experto económico financiero designado el ministro de Economía no ha sido tenido en cuenta: «el tiempo dedicado a debatir sus informes ha sido irrelevante». Ante la propuesta para reducir la publicidad, dice que no se han analizado sus consecuencias, y continúa diciendo que «el problema nuclear de RTVE está en el gasto, desmesurado y descontrolado…que ha convertido en normal lo que es inaceptable». Habla de “gestión deficiente”, “descontrol” y “despilfarro”, y dice que la propuesta apenas modifica el sistema jurídico actual “pese a su inoperancia”.

González Urbaneja critica que el Informe «pasa como sobre ascuas sobre el hecho de una plantilla cristalizada y sobredimensionada», y afirma que el grupo necesita un «plan inteligente y generoso de bajas incentivadas, con el paraguas de un ERE o de un programa voluntario, o ambos». Mientras, el Informe recomienda reorganizar las categorías profesionales, renunciando a los EREs «por criterios exclusivos de edad que ignoran las necesidades productivas» de las empresas, así como una actividad intensa de formación y reciclaje de las plantillas, sobre todo de cara a los servicios digitales del futuro.

En cuanto a la Agencia EFE, González Urbaneja afirma que «necesita más independencia, más recursos y mejor gestión comercial y empresarial», ya que si algo la caracteriza es «su modestia, una débil orientación comercial y poca ambición en sus objetivos», aunque cuenta con periodistas «competentes, poco reconocidos y que saben hacer su trabajo».

A pesar de las críticas, González Urbaneja reconoce los aspectos positivos del informe, entre los que destaca la creación del Consejo Audiovisual independiente (que sin embargo «no sustituye la responsabilidad del gestor»), o el fin del «clientelismo político, tan dañino para TVE».

El futuro de los medios públicos

Los sabios han puesto por fin sobre la mesa el esperado informe sobre la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad Estatal. Sus directrices darán mayor independencia y pluralismo a RTVE y EFE, que habrán de cumplir con sus obligaciones como medios públicos.

Ahora falta esperar una ley gubernamental que recoja y adapte las propuestas de los expertos. Aún queda mucho por debatir, aunque cada vez está más cerca la creación de unos medios de comunicación públicos que ofrezcan un auténtico servicio público. Sería la primera piedra para construir, a través de la futura Ley Audiovisual, un nuevo sistema radiotelevisivo español más equilibrado y ordenado, así como adaptado a la Era Digital que se abre en el próximo horizonte.

Noemí San Juan

Artículo extraído del nº 63 de la revista en papel Telos

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