El Gobierno y las cadenas de televisión españoles acordaron, en octubre pasado, crear un grupo de trabajo para diseñar un código de corregulación para el sector que evite que los menores vean algunos de los programas que se emiten actualmente de forma inadecuada en horarios en los que los niños pueden estar frente a la pantalla.

El proyecto de Código de Corregulación está articulado en tres grandes bloques: el primero, sobre el convenio entre cadenas de televisión y la Administración para la autorregulación de los contenidos en España; un segundo, con los principios generales del documento, y un último a propósito de los criterios de reglamentación. Un punto en el que se manifestaron en un principio discordancias fue el de delimitar la franja de protección y desarrollar el sistema de señalización de cada programa.

La “caja de Pandora” había sido abierta a finales del pasado mes de septiembre por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien hizo una dura crítica a la programación televisiva que se emite en España entre las 18 y las 22 horas, es decir, durante el llamado prime time u horario de máxima audiencia. Múgica pedía cambios urgentes en este tipo de espacios porque ponen en peligro la adecuada educación de los menores, con contenidos que emplean «un lenguaje fácil y pobre, al borde del grito», con situaciones llenas de «violencia y zafiedad, con la miel de unos cuerpos atractivos y tentadores que todo lo experimentan sin dificultad».

Programación libre

El Gobierno, por medio de su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y su ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, recogió el guante y mostró su voluntad de no entrometerse en la programación de las cadenas. «No es nuestra misión –señaló Fernández de la Vega–. No obstante, el objetivo de esta medida es hacer que se cumpla la ley, que prohíbe la emisión de contenidos que atenten contra la integridad física, mental y moral de los menores».

La decisión de “corregular” es una vía intermedia entre la regulación por parte del Gobierno, que rechazan las cadenas, y la autorregulación de las compañías televisivas, que despierta los recelos de los consumidores y del Defensor del Pueblo, entre otros.

El intento de llegar a un acuerdo de corregulación coincide con la dedicación de la Comisión Europea al estudio del mismo tema. Por esa razón se está realizando un macroestudio en los 25 países de la Unión.

Aunque en el sector de los contenidos audiovisuales rige una directiva, la llamada Televisión sin Fronteras (1989), la práctica ha demostrado con creces que cada Estado miembro interpreta de forma muy diferente la aplicación de los principios y orientaciones que contiene, de tal manera que conceptos como “telebasura”, pornografía, violencia o publicidad subliminal, que son tan controvertidos, no significan la misma cosa en todos los países ni tienen, en consecuencia, el mismo tratamiento reglamentario.

La preocupación por la corregulación en el sector de los medios no es nueva en el seno de la UE. Se planteó directamente en la Comunicación de la Comisión de Principios de Política Comunitaria Audiovisual en la Era Digital (1999) y se consolidó en el Libro Blanco del Buen Gobierno Europeo, de 2001. La UE utilizó la autoridad de estos dos documentos para estudiar por primera vez de manera oficial y corporativa qué es la corregulación, qué medidas de corregulación se están adoptando, qué resultados están dando esas medidas y qué grado de eficacia alcanzan.

En teoría, la corregulación combina las ventajas de la seguridad que ofrecen las leyes y resoluciones de los reguladores, ciertas y establecidas, con otras ventajas derivadas de la realidad del mercado en el que operan los difusores privados. Se establece prácticamente un pacto entre ambas partes. La Comisión ya ha hecho saber que los resultados del estudio –una fotografía del momento– tendrán que ser compatibles con las actuales normas de la competencia. Además, en el caso de que no se llegue a acuerdos, las autoridades siempre podrán intervenir con normas específicas.

Diferentes posturas

Afrontar la autorregulación en España no es sencillo. Múgica había dicho que la autorregulación por parte de las cadenas podía ser «una cortina de humo para seguir en una marcha por la competitividad y los beneficios a ultranza».

Esta postura no la comparten los directivos de las cadenas. Alejandro Echevarría, presidente de Telecinco, entiende, por ejemplo, que las televisiones tienen capacidad real de mejorar su programación pero que no quieren intervenciones, ya que esas propuestas «suenan a viejos tiempos de prensa del Movimiento y del parte de Radio Nacional». Y Mauricio Carlotti, Consejero Delegado de Antena 3 TV no admite el término “telebasura” y señala que, a la hora de regular no vale moverse entre grandes conceptos, «hay que tasar bien las condiciones que deben cumplir las cadenas en relación con los contenidos».

El debate social generado en torno a este asunto ha impulsado algunas medidas que se han anticipado dentro de las propias cadenas de televisión. La directora general de Radio Televisión Española (RTVE), Carmen Caffarel, ha presentado un «Código para la protección de los menores en las emisiones de televisión y radio» que ha supuesto un cambio dentro de la estrategia del Ente público. Una medida parecida había adoptado días antes la cadena privada Telecinco, que decidió señalizar toda la programación que emita durante el horario infantil.

El acuerdo entre el Gobierno y las cadenas para llegar a una corregulación ha sido recibido con satisfacción por parte de las dos principales asociaciones de padres de España. La Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa) y la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa) han destacado el empeño del Gobierno por solucionar este problema y, mientras la primera de ellas recordaba que ya existe una legislación a este respecto que no se cumple, la segunda pedía la creación de un Consejo del Audiovisual de ámbito nacional, en el que las organizaciones de padres de alumnos tengan una participación significativa.

Las Asociaciones de la Prensa se desmarcan de la «telebasura»

El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Fernando González Urbaneja, ha informado de que esta entidad proyecta elaborar un estatuto de la profesión periodística para definir de forma clara esta ocupación y desligarla de la «telebasura». En este sentido, la federación ya había comenzado a trabajar con la creación, el pasado mes de mayo, de un Consejo Deontológico.

Por otra parte, el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha decidido abrir un periodo de consultas para recoger las aportaciones de los operadores, profesionales, usuarios y expertos con el objetivo de elaborar unas normas de actuación sobre este tipo de contenidos. La iniciativa es similar a las que este mismo regulador desarrolló previamente sobre el tratamiento informativo de las tragedias personales o la inmigración.

La programación que consumen los niños españoles preocupa cada vez más, ya que los menores que tienen entre cuatro y doce años dedican una media de 146 minutos diarios a ver la televisión (casi dos horas y media) y pasan al año prácticamente el mismo número de horas ante el televisor que en el colegio. Más del 30 por ciento tiene un aparato de televisión en su cuarto, porcentaje que llega al 50 por ciento en el caso de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (por encima de los 13 años).